Todos sabemos que la educación en la Provincia de Buenos Aires es responsabilidad primordial del Estado provincial según lo establece la Constitución y la legislación vigente en la materia. Esta obligación y esta responsabilidad fueron oportunamente transferidas a la Provincia en el marco de la “Ley de transferencia de los servicios educativos” de los años 90.
Incluso, contrariamente a lo que se piensa, los Consejos Escolares son un organismo descentralizado del área educativa del gobierno provincial, que se encarga del mantenimiento de la infraestructura escolar y de la provisión del servicio alimentario, entre otras funciones. Pero como se sostuvo: es una institución dependiente y enmarcada en el sistema educativo provincial. Tal es así, que los salarios de los Consejeros Escolares son pagados por el Estado Provincial.
Sin embargo, el 1 de noviembre de 2012, ocurrió un hecho llamativo: el Congreso Nacional convirtió en ley el proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2013, y con él un artículo llamativo:
“OTRAS DISPOSICIONES- ARTICULO 51: Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2013 del artículo 7° de la ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 26.206,asegurando el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos ligados a la finalidad educación”
Este artículo, que parece referirse casi en clave a un público específico, lo que está expresando es que a partir del año 2013 y por primera vez, el Estado Nacional va a coparticipar fondos con los municipios en el marco de la “Ley Nacional de Financiamiento Educativo”.
La propia Ministra de Economía provincial, Silvia Batakis, confirmó esto en declaraciones: “la provincia de Buenos Aires recibirá este año 6.986 millones de pesos correspondientes al Fondo Educativo, de los cuales 1.128 millones se coparticiparán en forma automática y diaria a los municipios”(21/01/2013, Prensa Min. Econ.)
Esta situación lejos de transformarse en un hecho auspicioso, plantea particulares preguntas, ya que en el caso específico de la Provincia de Buenos Aires, como se dijo, el sistema educativo es responsabilidad central del Estado provincial, y en consecuencia, los municipios no tienen ninguna responsabilidad ni funciones otorgadas en lo concerniente al sistema educativo, mas allá de las que voluntariamente asumen en la gestión de algunos jardines maternales, institutos de formación o escuelas de arte.
Por lo tanto, surge instantáneamente la pregunta: ¿en que utilizaran los Municipios esos fondos otorgados para financiar un servicio del que no son responsables exclusivos? nadie sabe. En la actualidad no existe ningún convenio entre los municipios y el gobierno provincial para precisar en qué deberían utilizarlo.
San Miguel- a la fecha y según los datos difundidos por el Ministerio de Economía de la Provincia- ha recibido la suma de 5.5 millones de pesos, es decir que a fin de año recibirá: 16 millones de pesos aproximadamente. En el ranking de las transferencias realizadas por la Provincia a los Municipios, las correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo, representan el 3° lugar.
Un dato que agrega más trascendencia al tema, es que los fondos ejecutados por el Consejo Escolar de San Miguel durante el año 2012 – para la prestación de los servicios inicialmente mencionados- es de 14,9 millones de pesos (Fuente: Dirección Provincial de Gestión Descentralizada, 2012).
Conclusión: los municipios, sin obligaciones legales para intervenir en la gestión educativa, recibirán la misma cantidad de dinero, que instituciones con funciones claves y especificas en el ámbito diario de la educación como los Consejos Escolares.
Incluso, esta situación es denunciada por diversos gremios docentes, que plantean la necesidad de definir con mayor especificidad el destino de estos fondos que los municipios recibirán, para evitar superposiciones en las acciones, subejecutaciones presupuestarias, o incluso impedir la posibilidad de la utilización discrecional de estos recursos por parte de los Intendentes, sosteniendo simplemente que ha sido aplicado “con fines educativos”.
En este sentido, sin la posibilidad legal de destinar estos recursos a funciones propias de los Consejos Escolares, resulta imperativo el diseño de un programa municipal que defina con claridad los objetivos a cumplir, los criterios en la asignación de recursos y un mecanismo participativo de monitoreo del cumplimiento de metas, dando natural prioridad al mejoramiento de las condiciones laborales del personal docente municipal que realiza un ardua labor en las Escuelas de Arte Municipal y los centros culturales, así como, a la necesaria refacción de sus instalaciones edilicias.
De lo contrario, no cejaremos en preguntarnos: ¿Dónde están los millones de la educación?
Elias Aguirre
Docente del nivel secundario
Dirigente Partido Socialista de San Miguel
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